FENIE, la Federación Nacional de Instalaciones de España, considera de suma importancia que se tengan en cuenta las medidas que se han venido reclamando al Gobierno de España para garantizar la continuidad laboral y económica de las empresas instaladoras, que están sufriendo las consecuencias del estado de alarma por el COVID-19.
Hace unos días, tanto FENIE directamente como a través de CONFEMETAL, trasladaba al Gobierno y al Ministerio de industria algunas medidas que garanticen la liquidez a las más de 40.000 empresas y más de 300.000 trabajadores, que componen una parte fundamental del tejido empresarial de este país y que representan un gran volumen de negocio.
El número de empresas afectadas es significativamente alto, por lo que, desde FENIE, se considera que deberían haber sido escuchadas, tenidas en cuenta y aplicadas por el Gobierno de España, cosa que no ha ocurrido en su totalidad.
FENIE y las asociaciones que forman parte de la federación, consideran que el colectivo de empresas instaladoras se está viendo afectado por el nuevo escenario provocado por el COVID-19 por varias razones:
- Disminución de la actividad laboral. Un elevado número de empresas se está viendo obligada a parar, total o parcialmente su actividad, dado que, en muchos casos, las obras no continúan su actividad, las empresas han suprimido las tareas que éstas ejecutan o los clientes no consideran prioritario los servicios que tenían previstos realizar en materia de instalaciones.
- Desplazamientos al lugar de trabajo y seguridad en el trabajo. Aunque la actividad laboral ha disminuido considerablemente, muchas de las empresas instaladoras han continuado con parte de su actividad por varios motivos, sin disponer de un criterio claro de prevención de riesgos laborales y, de forma genérica, están teniendo problemas en el desplazamiento.
Por todo esto, desde FENIE se considera necesario que, después de analizar el contenido del RD Ley, el Gobierno de España no está cumpliendo los objetivos del mismo, por lo menos en el sector de las empresas instaladoras, y solicitamos de forma expresa lo siguiente:
- Incorporar la actividad de las empresas instaladoras en los servicios que puedan acogerse a los ERTES por fuerza mayor, de tal forma que, en aquellos casos que sea de aplicación, los ERTES se puedan efectuar sin que haya dudas en su concesión.
- Que los ERTES sean de aplicación a partir de la fecha de inicio de la declaración de alarma
- Que el procedimiento para obtener el cese de actividad a los autónomos, sea de oficio y con carácter retroactivo a la fecha de declaración de alarma
- Anular del pago a cuenta del impuesto de sociedades correspondiente al año 2020 a las pymes.
- Eliminar el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad en caso que ejecute algunas de las medidas incorporadas en el Real Decreto Ley.
- Autorizar, de forma expresa, el desplazamiento de los trabajadores de las empresas instaladoras a nivel nacional siempre que cumpla con las condiciones de seguridad establecidas en aquellos casos que tengan que continuar su actividad.
- Permitir el desplazamiento de más de un trabajador en un vehículo, cuando sea necesario para la realización de los trabajos, siempre que éstos cumplan con las condiciones de seguridad.
- Proporcionar de forma prioritaria al colectivo de empresas instaladoras de elementos de material de seguridad para los trabajadores que han de continuar su actividad en condiciones de seguridad a través de las mutuas, o en su caso, las asociaciones de empresas instaladoras
- Incorporar los CNAES del ámbito de las instalaciones dentro de las empresas potenciales de recibir las líneas de financiación habilitadas por el Gobierno para el COVID-19
- Incorporar o aclarar, en su caso, que los alquileres de locales o tiendas de empresas instaladoras que hayan tenido que suspender su actividad dentro del establecimiento al paquete de ayudas previsto para el aplazamiento en el pago de hipotecas.
Por último, desde FENIE se recalca que se ha de diferenciar de una forma muy clara las medidas destinadas a las grandes empresas y que no sea un caso que tenga vinculación con la resolución de los ERTES en el caso del colectivo de empresas instaladoras.
FENIE considera imprescindible que el Gobierno tome las medidas necesarias para que el colectivo de empresas instaladoras, formado por un gran número de empresas, no desaparezca y puedan continuar desempeñando su actividad.
